La sentencia 409/2003 del TSJA, en la que se cuestiona el procedimiento administrativo que empleó la Junta de Andalucía en la ampliación de 7.000 hectáreas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, y que insta a dicha Administración a la expropiación de predios particulares, ha desatado un cruce de acusaciones entre las diversas fuerzas políticas y sociales implicadas. La respuesta administrativa ha sido la de elevar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, órgano jurídico que será quien dicte sentencia definitiva.
Además de las cuestiones legales, esta “tormenta de verano” ha puesto de manifiesto es la presencia de un frente de “bajas presiones” entre la Administración y ciertos propietarios, desde que en 1987 se incluyera a esta franja del Sudeste ibérico en la Red Andaluza de Espacios Naturales Protegidos.
Los valores ecológicos de esta Reserva de la Biosfera son incuestionables; tanto su biodiversidad (flora y fauna), como sus valores geomorfológicos, paisajísticos y etnológicos convierten a Cabo de Gata en un conjunto de hábitats naturales sin parangón dentro del contexto mediterráneo. De esta forma, la otrora “costa de los piratas”, mantiene en la actualidad uno de los entornos mejor conservados y más singulares de Europa, ante la degradación y/o destrucción de la mayor parte de las zonas litorales de la Península Ibérica. Esta Zona de Especial Protección para las Aves, también incluye un aguazal –las Salinas de Cabo de Gata-, catalogado como Humedal de Importancia Internacional dentro del Convenio Ramsar. Además de sus múltiples endemismos florísticos, algunos exclusivos del Promontorio Charidemo –nombre de origen púnico que hacía referencia a la presencia de ágatas-, destacan sus fondos submarinos que conservan amplias praderas de Posidonia oceanica y donde se han llegado a catalogar más de 1.300 especies.
El amplio respaldo jurídico para la protección de este espacio está basado en distintas disposiciones reglamentarias de carácter europeo, estatal y autonómico, manteniendo incluso un marco legal propio como el establecido en su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión, lo que a priori debería ser más que suficiente para garantizar definitivamente la integridad y conservación de este espacio protegido.
Sin embargo, esta “tormenta de verano”, puede interpretarse como un índice de evidente malestar entre algunos de los habitantes del Parque y la Administración responsable de su gestión o, al menos, como un signo claro de falta de diálogo entre ambas partes. Dilatar en el tiempo las actuaciones mediante el recurso de ésta u otras sentencias, es a todas luces legítimo, aunque no contribuye a la solución a corto plazo del problema, creando además un clima de crispación social nada positivo para el mantenimiento de este entorno protegido.
Sin lugar a dudas han existido, existen, y existirán especuladores de diversa índole. Pero este motivo no es óbice para obviar a la propia Constitución, que en su artículo 33 reconoce el derecho a la propiedad privada, especificando cuando ésta puede declararse de utilidad pública. Así, estipula que “nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes”. Algunos de los propietarios de predios privados cuando ven limitado gravemente los usos de sus fincas por parte de la Administración (sin que medie indemnización alguna) entienden que se quebranta lo legalmente dispuesto y acusan a ésta de realizar una “expropiación encubierta”.
En la exposición anterior, no se pretende justificar la actuación de ninguna de las partes, si no hacer un llamamiento al diálogo entre ambas, entendiendo que es la forma menos onerosa y más rápida de solventar este tipo de conflictos. Las confrontaciones mediáticas o ante los tribunales de justicia, no solo enturbian el panorama conservacionista, sino que ofrecen un ambiente alentador para aquellos que, ante supuestas situaciones caóticas y ante la lentitud de las sentencias, aprovechan para especular descaradamente o mediante diversas artimañas.
El ejemplo más claro de lo anteriormente expuesto es el crecimiento de la superficie bajo plástico en este espacio protegido que parece ser evidente para todos los visitantes de la zona a excepción de la propia Administración, y donde no deberían existir “invernaderos legales o ilegales por estar declarado en su totalidad como Zona de Especial Protección para las Aves y Lugar de Interés Comunitario”, tal y como exponía en enero de este año Ecologistas en Acción. En el último número de la revista “Eco del Parque”, editada por la Asociación de Amigos del Parque Cabo de Gata-Níjar, se afirma que en este espacio “hay más de 70 invernaderos ilegales y hasta la fecha sólo se han demolido dos. Ya hay varias sentencias firmes ¿Por qué no se ejecutan y demuelen esos invernaderos?”. Según la misma fuente “Llevamos años dialogando con la Consejería de Medio Ambiente, hemos denunciado la situación ante la Comisión Europea y ante los medios de comunicación y todo son buenas palabras, cuando no mentiras flagrantes como afirmar que sólo hay ¡13! invernaderos ilegales. Basta darse un paseo o mirar unas fotos aéreas del Parque para ver la triste realidad”.
La Vicepresidenta de esta asociación –Dña. María del Mar Ruiz Castillo-, integrada en Ecologistas en Acción, afirma en este mismo número que “el principal problema al que nos enfrentamos es un Ayuntamiento nada interesado en la existencia de este parque y una administración ambiental, que debía ser nuestro aliado natural, que ni siquiera nos suministra la información necesaria a la que tenemos derecho nosotros como asociación ecologista, e incluso cualquier particular, para hacer frente y probar la denuncia de ilegalidades que todos podemos comprobar y que vemos todos los días”.
Pero las presuntas irregularidades administrativas y movimientos especulativos dentro de este espacio protegido, no se limitan tan sólo a la superficie cultivada bajo plástico. Según afirma en este medio Ruiz Castillo “cualquier persona no muy mal intencionada pensaría que los intereses de especulación privada dentro del parque han podido más que la infinidad de competencias legales y de recursos económicos, incluidos los fondos comunitarios, que tiene la administración de Medio Ambiente”… “por paradójico que parezca, estamos defendiendo las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Níjar que el propio Ayuntamiento recurrió en su momento. Precisamente para impedir que se aprueben las unidades de ejecución o suelo urbano que en su momento denegó Obras Públicas siguiendo las indicaciones de la declaración de impacto ambiental y que supondrían alrededor de un nuevo cincuenta por ciento o más de suelo urbano en casi todas las barriadas: las Presillas, San José, Fernán Pérez, Aguamarga, etc. Además están recurridas la nueva urbanización de la Isleta y la apropiación de suelo público por un particular en Agua Amarga”. En este listado de presuntas irregularidades, la Vicepresidenta de la Asociación Amigos del Parque Cabo de Gata-Níjar, incluye al Edificio Genoveses en San José cuya demolición “está en vía de recurso”; prosigue Ruiz Castillo afirmando que “hemos presentado denuncias administrativas por otras ilegalidades o irregularidades en materia urbanística. Se me ocurre como emblemáticos el Hotel Don Ignacio en San José por superación de la altura máxima e invasión de la rambla, o la rehabilitación de un corral para vivienda en el paraje de la Higuerica, junto a la Amatista”.
En dicho escrito se realizan críticas sobre la gestión de los recursos públicos del parque afirmándose que en Rodalquilar “es curioso lo que está costando que funcionen las cosas en las antiguas dependencias mineras, pese a que la inversión pública supera ya 6 millones de euros (mil millones de las antiguas pesetas). Parece que por fin entra en funcionamiento la zona de acampada y albergue y, que sepamos, no parece que haya arrancado el ambicioso proyecto de teleparques que iba a permitir opciones de teletrabajo para importantes empresas”.
En otro sentido, existen procesos judiciales abiertos contra la Administración ha instancia del movimiento ecologista almeriense sobre la destrucción de flora amenazada y legalmente protegida. Entre estos, Ruiz destaca “la destrucción del hábitat de Androcymbium europaeum para instalar una tubería de riego por parte de una empresa con permiso de la Consejería de Medio Ambiente y sin sujetarse al condicionado del proyecto, es muy importante ya que dicha tubería atravesaba zonas de máxima protección del parque natural”. Entre los imputados en este presunto delito ambiental figuran altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente y el propietario de la empresa, un conocido viticultor riojano.
Además de lo anteriormente expuesto no deja de ser sorprendente que la propia Administración construyera el Centro de Interpretación del Parque, su acceso y aparcamientos en la reserva de las Amoladeras, donde crece –como en otras partes del litoral almeriense- este tubérculo legalmente protegido. Al Norte de dicha finca, fuera de los límites del Parque Natural, se procedió a la construcción de más de 200 hectáreas de invernaderos, en un área que, en cualquier caso, debería haber sido considerada como de amortiguación del mismo. Sería interesante conocer quienes fueron los autores del informe de evaluación de impacto ambiental para tamaña empresa, como para obviar la presencia en la zona en cuestión de especies como Androcymbium europaeum , Caralluma europaea, y otros endemismos florísticos protegidos estrictamente por la Unión Europea y la Administración Andaluza, así como una de las comunidades más importantes de aves esteparias del Sudeste peninsular, con la presencia de la Alondra de Dupont entre otros vertebrados igualmente protegidos.
Ante este tipo de situaciones conflictivas parece que se plantean serias dudas en cuanto a los principios de eficacia y eficiencia, que deben de acompañar a cualquier acto administrativo. Es más, la sensación que produce la gestión realizada a lo largo de estos últimos 15 años es de dejadez, de falta de coordinación y en muchos casos de actuación. Cualquier tipo de gestión no puede estar exenta de errores por acción u omisión, pero quizá lo más lamentable en este caso es que nadie esté dispuesto a admitirlos, y cuando se trata de garantizar de conservación y protección de una Reserva de la Biosfera, como Patrimonio de la Humanidad, las diatribas e intereses políticos o de otra índole deben dejarse a un lado y primar la gestión adecuada y transparente, que no se preste a confusión, ni a manipulación de ninguna índole. Es decir, lo que echamos en falta los filántropos de la defensa y protección de nuestro patrimonio natural son grandes dosis de sentido común y de capacidad de diálogo, de los que la Administración responsable precisamente no ha hecho gala, ni convertido en uno de sus principales objetivos.
Tan solo nos queda esperar que las “bajas presiones” sean desplazadas por el anticiclón de las Azores, que se recobre el diálogo y que aumente la transparencia en todas y cuantas acciones administrativas se realicen. En cualquier caso, no existe más bella lucha que aquella que se emprende contra lo irremediable.
José Javier Matamala García
Editor del Portal Ambiental Almediam: http://almeriware.net/almediam/
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