Los activistas han comenzado a pintar en toda la fachada del hotel el mensaje “HOTEL ILEGAL”. La pintada gigante, con letras de tres pisos de altura, ocupa una superficie de 1.200 metros cuadrados e incluye ventanas y balcones. Mientras, el Rainbow Warrior permanece fondeado frente a la playa de El Algarrobico y varias lanchas de Greenpeace han recorrido las aguas de este tramo de costa protegida portando pancartas con el mensaje “HOTEL ILEGAL. DEMOLICIÓN” y “RECUPEREMOS EL MEDITERRÁNEO”.
Greenpeace viene denunciando la falta de acuerdo entre las administraciones central y autonómica para acabar con este símbolo de la destrucción de las costas mediterráneas como una de las principales causas de que el hotel ilegal no haya sido demolido todavía. La construcción del hotel se encuentra en estos momentos terminada en su exterior y a falta de unos pocos detalles en el interior.
“Han pasado dos años desde nuestra primera denuncia. A pesar de los compromisos expresados tanto por la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, como el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, asegurando que el hotel se demolería, las obras han seguido adelante este tiempo y nada hace pensar que el hotel vaya a desaparecer de esta playa” ha declarado María José Caballero, responsable de la Campaña de Océanos de Greenpeace desde la playa del Algarrobico.
Greenpeace considera culpables a todas las administraciones implicadas. La falta de coordinación entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente ha sido clave para permitir que el hotel permanezca en pie. A pesar de haber una confluencia de competencias, estas dos administraciones no han trabajado conjuntamente y el resultado ha sido un perjuicio claro tanto para el medio ambiente como para los ciudadanos.
A día de hoy, el Ministerio de Medio Ambiente sigue adelante con el dilatado proceso de expropiación de los terrenos ocupados ilegalmente por el hotel y sin llegar a un acuerdo con la empresa constructora, Azata, que, además, se ha embarcado en numerosas causas judiciales para dilatar el asunto y poder pedir mayores reclamaciones.
“Cada vez que uno mira este macrohotel se da cuenta de que las administraciones ambientales no están demostrando a los ciudadanos que se toman en serio su trabajo. Ha llegado el momento de pasar a la acción” añadió Caballero.
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