Andalucía24horas. 20-10-05
Anuncia que emprenderá acciones legales contra el hotel y que
apoyará a los colectivos que luchan por la legalidad La organización
ecologista Greenpeace denunció ayer la “connivencia” de todas las
administraciones en el tema del hotel construido en El Algarrobico, en
Carboneras (Almería), por permitir uno de los “mayores escándalos
urbanísticos del litoral español”.
En un comunicado, Greenpeace reiteró que las obras de construcción
del hotel que lleva a cabo la empresa Azata en la misma playa de El
Algarrobico, situada dentro del Parque Natural de Cabo de
Gata-Níjar, “evidencia la connivencia de todas las administraciones
implicadas”, en referencia al Ayuntamiento de Carboneras, Junta de
Andalucía y Ministerio de Medio Ambiente, “para permitir la
destrucción de este tramo de litoral”.
Explicó que el Ayuntamiento de Carboneras “ha incurrido en
comportamientos de difícil explicación”, tal como la exención del 99 por
ciento de la licencia de obras a la empresa, mediante la
modificación de la ordenanza del impuesto de construcciones, según ha
denunciado el Partido Popular de la localidad almeriense.
En su opinión, no obstante, es la Junta de Andalucía la
administración con más responsabilidad en este asunto y criticó que
“parece dispuesta a eludir la realidad del hotel que construye
Azata”.
En este sentido, Greenpeace dijo que hay dos hechos clave, por un
lado, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque
Nacional Cabo de Gata-Níjar de 1994 que define el área donde se
sitúa el hotel como zona no urbanizable. Por otro lado, indicó que el
Ayuntamiento de Carboneras había aprobado seis años antes el plan
urbanístico parcial de esta zona.
A su juicio, la contradicción entre estos dos actos se soluciona
acudiendo a la Ley 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales y de la
Flora y la Fauna, que establece que las normas urbanísticas
deben adaptarse al PORN. Sin embargo, en este caso, “de forma
fraudulenta la Junta de Andalucía ha permitido que en El Algarrobico haya
prevalecido la construcción frente a la conservación del
espacio natural”, denunció.
Además, también reprochó a la Junta que “no reconoce como válida la
cartografía que figura en el Decreto que aprueba el PORN del Parque
Natural Cabo de Gata-Níjar y que declara El Algarrobico como área
silvestre y de cultivo tradicional, asegurando que dicha cartografía ha
sido modificada con posterioridad para convertir El Algarrobico en suelo
urbano”. Aseguró que “estos cambios nunca han sido
publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA),
por lo que carecen de cualquier validez”.
La actitud de la Junta de Andalucía, según la responsable de la
Campaña de Costas de la organización ecologista, María José
Caballero, “evidencia un comportamiento irresponsable y un doble
juego intolerable” ya que, “por un lado, sus representantes se
llenan la boca de buenas palabras, pero, por otro lado, no parecen tener
intención de cumplir la legalidad”.
Respecto al Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección
General de Costas, detalló que el sector donde se ubica el hotel de Azata
ocupa íntegramente la servidumbre de protección que establece la Ley de
Costas, por la cual todos los planes parciales de
urbanización posteriores al 1 de enero de 1988 –año en que se
aprobó la Ley– deben obligatoriamente respetar una franja de 100
metros.
A pesar de que la empresa afirma que el plan parcial fue aprobado en
1987, el Boletín Oficial de la Provincia de Almería (BOP) de 22 de julio
de 1988 muestra con claridad que la aprobación se produjo el 26 de mayo de
1988.
Sin embargo, desde la Dirección General de Costas y la Junta de
Andalucía “siguen considerando el suelo como urbano y aplicando la línea
de deslinde de 20 metros únicamente, a pesar de que existen
documentos de la propia Dirección General de Costas del año 1995 que
reflejan que la línea de dominio público marítimo terrestre debe ser de
100 metros”.
ACCIONES LEGALES
Greenpeace considera los hechos que rodean a la construcción de este
hotel como “una de las peores actuaciones en el litoral español”,
por lo que anunció que emprenderá todas las acciones legales y de
apoyo a los colectivos que están luchando por la legalidad y la
defensa de este espacio costero único que considere necesarias y
pertinentes hasta lograr que se imponga la legalidad y el respeto al medio
ambiente.
Para Greenpeace, la gestión y utilización de las costas se encuentra
en un momento crucial. “Ahora es cuando hay que pararse a pensar qué clase
de costa queremos para el futuro”, destacó Caballero, quien
recordó que “más de la mitad del litoral del país ha perdido su
identidad natural, y sólo alberga una sucesión interminable de
construcciones”.
Por último, reiteró que el urbanismo destructivo que primó en el
litoral en los años 60 “sigue teniendo defensores como Azata que,
apoyados por el Ayuntamiento de Carboneras, la Junta de Andalucía y el
Ministerio de Medio Ambiente, no repara en medios para seguir
destruyendo la costa”.
